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Recuerdo que en uno de mis tantos viajes (laborales) entre 1998 y 2001 a Rosario, cuando decidí emigrar a Villa María, por motivos personales, una noche del primer semestre de 1999, me tocó ver a orillas de la vieja Ruta 9 -en aquel momento, en impecable gracias a los peajes e inversiones privadas de la Presidencia Menem-, una serie de tractores y pancartas de productores lácteos. Era el famoso «tractorazo», movimiento cuasi piquetero que nucleó a numerosos productores tamberos de la zona aledaña a Villa María, que reclamaban en plena Convertibilidad, un «precio justo» para el litro de leche, que en caso de no tener respuesta oficial, por parte de la Administración menemista, derivaría en crisis de abastecimiento en las góndolas de los supermercados.

Ese tema sería objeto de profundas y numerosas investigaciones sociológicas que eran novedosas porque hacía tiempo que el campo, en aquel momento, sin retenciones pero con precios internacionales muy deprimidos, no generaba interrogantes ni tampoco respuestas académicas de ningún tipo, excepto en el ámbito de las Ciencias Básicas, a partir de la enorme modernización tecnológica que vivió a partir de fines de los ochenta (sojificación, riego artificial, siembra directa, grupos CREA, etc.). Los últimos estudios databan de la década del ’60 cuando la preocupación de los cientistas sociales era la naturaleza oligopólica de las propiedades y en todo caso, el cambio de manos de las familias patricias argentinas a nuevos sectores.

La crisis de 2001 encontró al campo en plena expansión, en parte, producto de aquella reconversión, a contramano del resto de la economía argentina. Los precios de las commodities subieron exponencialmente y eso permitió que el nuevo milenio encuentre al país recuperándose de la fenomenal reconversión de precios producto de la ruptura de contratos que duraron una década. Ese aumento generó una gran entrada de divisas para el país, la que sería récord en la historia argentina y la misma de alguna forma, satisfizo dos roles: una, «acolchonar» los efectos de la crisis inicial y otra, financiar el creciente gasto público en áreas urbanas, destinado a sectores vulnerables, pero también empleos formales de clase media.

En marzo de 2008, en pleno auge, el campo dijo «basta» y volvió a las rutas, como una década antes. La Resolución 125 del entonces Ministro de Economía de CFK, Martín Lousteau, hoy devenido en antikirchnerista, que amenazaba aumentarle la retención estatal a la producción sojera, se convirtió en el centro del contraataque ruralista. La crisis llegó a tal punto que el propio Vicepresidente Cobos (radical, de Mendoza) tuvo que desempatar en el Senado de la Nación, haciéndolo de una manera dubitativa, pero en contra del propio proyecto de su gobierno. Esto agrietó no sólo a la coalición oficial ‘transversal» sino a toda la sociedad argentina que vio consumir semanas al borde de la violencia civil.

Alfredo De Angeli, productor entrerriano de la zona de Gualeguaychú, hoy senador nacional, fue uno de los protagonistas políticos de aquellas jornadas aciagas, junto con los integrantes de la entonces llamada «Mesa de Enlace», conformada por las organizaciones gremiales representantes de la diversidad política del campo: Llambías (CRA), Biolcati y Miguens (SRA), dos entidades a la derecha del espectro ideológico y, Garetto (Coninagro) y Buzzi (Federación Agraria), a la izquierda de aquél.

Con mi amigo Julio Nieto y el propio De Angeli

Las tensiones extremas y el «voto no positivo» de Cobos obligaron al gobierno a retroceder, la oposición supo explotar ese momento político en las parlamentarias del 2009 pero con el transcurso del tiempo todo se fue diluyendo y el statu quo se impuso. El campo disfrutó de algunos años más de precios elevados, pero el Estado acrecentó su voracidad fiscal de modo sutil. La reaparición de una inflación que llegó para quedarse, con un nivel elevado respecto al plano mundial, obligó al kirchnerismo a incurrir una vez más en el error histórico de prohibiciones de exportar cortes cárnicos, «para garantizar el precio interno» y otros absurdos que lo único que lograr, fue favorecer a la ganadería de países vecinos y las exportaciones de terceros a mercados no tradicionales.

El campo volvió a atomizarse políticamente, tuvo un pequeño veranito con el macrismo, ya con otros precios internacionales -a la baja- y esperó a fines de 2019, a la gestión Fernández, en pie de guerra, porque sabía que la situación de 2008 podía volver a repetirse. Sin embargo, el kirchnerismo no mostró los dientes, prefiriendo una salida elegante y negociadora (el Consejo Empresarial Agroindustrial), para diluir cualquier oposición productora, pero la pandemia interrumpió el sonido de las armas.

Enero de 2022 empezó con todo y los ruralistas eligieron juntarse en asamblea nacional, el sábado 9, en la localidad santafesina de Armstrong, en la intersección de la ruta 9 y el camino a la pujante Las Parejas, tras la negativa de la intendenta de Cañada de Gómez a recibirlos. Allí fue la nueva Mesa de Enlace, a modo de reconstrucción del liderazgo político, pero esta vez, la ocasión parece diferir de la anterior. Productores autoconvocados, con el ingeniero agrónomo Dieter Von Pannwitz a la cabeza, fueron los organizadores y las bases se hicieron escuchar: hicieron autocrítica de la escasa relevancia política y económica que le dan a la agremiación ruralista; reprocharon traiciones pasadas a sus dirigentes rurales; pidieron cabezas de líderes cooptados por el gobierno, por ejemplo, los de Coninagro y hasta trataron a la coalición gobernante de «enemigos mentirosos».

Las semanas venideras, en las que pueden vislumbrarse momentos difíciles, en función de la gran sequía que afecta a nuestra región y la concreción de nuevas asambleas en un centenar de puntos estratégicos del país, amenazando por ejemplo, no realizar cultivos de invierno, algo que sería gravísimo, nos permitirán ser testigos de nuevos conflictos.

Será la repetición de otra fase más del eterno ciclo político argentino?