Viví el levantamiento de los “carapintadas” -ex grupos de elites militares que combatieron en la Guerra de Malvinas- como estudiante universitario de Ciencia Política, en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En un contexto de bloqueo de las viejas presiones y extorsiones corporativas de los militares argentinos que dejaron el poder en 1982, gracias a una guerra perdida en las Islas Malvinas, el primer gobierno de la reinauguración democrática del Presidente electo Raúl Alfonsín, previa reforma del fuero militar, pudo castigar a través de tribunales federales, en juicio histórico oral y público, a los miembros de las Juntas Militares desde 1976. A intelectuales, periodistas y escritores, les encargó un informe pormenorizado sobre las violaciones a los derechos humanos, por parte del Estado autoritario y producto de ese minucioso trabajo, nació el “Nunca Más”. Ambas iniciativas en el marco de una verdadera política de Estado, con un amplio consenso del cual se apartó inicialmente el peronismo, provocaron la reacción de sectores nacionalistas y oficiales subalternos del Ejército, quienes llevaron adelante una rebelión militar casi golpista en la Semana Santa de 1987.
Sin embargo, Alfonsín obtuvo el apoyo de las cúpulas del Ejército, además de casi toda la comunidad política argentina -algo inédito- y los restantes dos poderes: con semejante coalición, pudo afrontar el semigolpe. Pero su liderazgo también evitó un baño de sangre: supo conducir a las masas populares para que no se enfrenten o provoquen a los amotinados. Todos éstos fueron juzgados y sancionados y hasta uno de sus jefes, Aldo Rico, pudo seguir una carrera política, dentro del propio peronismo.
Fue una Semana Santa especial, la de abril de 1987, al borde de lo que pudo haber sido una nueva guerra civil en la historia de este país del Cono Sur pero Alfonsín y el pueblo en las calles, entre los que me encontraba, lo evitamos. Fue uno de los pocos momentos de valentía popular en Argentina, que yo recuerde a lo largo de 35 años.
Habrían otros levantamientos de menor envergadura en 1988 y 1990, pero también serían sofocados, aunque en otro contexto. A partir de allí, para la salud de la frágil democracia argentina, el Ejército desaparecería como actor político de fuste. Queda pendiente, después de tres décadas, una verdadera profunda reforma profesional y la generación de una política de defensa para el siglo XXI.
