No hay explicación válida del progreso y modernización chilena, sin subrayar el rol del General Pinochet. Cualquier alusión a los famosos “Chicago Boys“, los economistas monetaristas que pusieron los cimientos del plan económico de estabilización y crecimiento que inauguraría aquel primer período de gobierno dictatorial (1973-1982), o a sus colegas como Hernán Büchi Buc, quien lo remozaría con inusitado vigor, a partir de 1986 hasta diciembre de 1989, posibilitando esa recuperación, su propia candidatura a Presidente, no sería suficiente para entender aquel gran despegue, el mismo que sigue siendo modelo en Latinomérica, a pesar de las protestas de hace más de un año. El liderazgo de Pinochet, quizás inédito respecto a su larga profundidad, coherencia y convicción en torno a un modelo económico pro-mercado, algo raro en un militar latinoamericano prototípico, más proclive al industrialismo desarrollista, es la principal variable explicativa del “milagro chileno”.
Pero además de esta faceta de modernizador a lo Lew Kwan Yew sudamericano, Pinochet era un “gallo” -como suele usarse en la jerga callejera chilena-, problemático en cuestiones como derechos humanos (DDHH). Su notorio y crudo autoritarismo, entendible no al estilo latinoamericano, dada la originalidad del profesionalismo prusiano de las FFAA chilenas, sólo justificable en función de la dura experiencia de la Unidad Popular (UP) allendista (1970-1973), no tiene parangón excepto con la dura y prolongada dictadura brasileña (1964-1982). Sin dudas, la dictadura pinochetista fue exitosa, por la performance macroeconómica pero también por la política social (jubilaciones, salud, educación y sobre todo, vivienda), tan contrastantes con su predecesora, la única experiencia socialista que llegó al poder vía elecciones en el mundo. Aún así, también mostraba sus logros por la eficacia con que enfrentó lo que Pinochet llamaba explícitamente, el desafío de “extirpar el cáncer marxista”, incluso en contra de la propia Administración demócrata norteamericana de Jimmy Carter, resuelta a castigarlo por las violaciones de DDHH.
Tal eficacia, tan diferente al caso de las inoperantes y corruptas dictaduras militares argentinas, hasta pudo plasmarse institucionalmente. El pinochetismo no sólo se prestó a competir dos veces en sendos plebiscitos (1980 y 1988), el primero de ellos, victorioso por amplia mayoría pero sin registros electorales y el segundo de ellos, perdidoso aunque aceptando la derrota, a regañadientes y con la presión de Estados Unidos con Ronald Reagan a la cabeza. A través de la Constitución de 1980, planteó innovaciones institucionales, como un sistema electoral binominal para asegurarse la presencia de una sólida derecha opositora en el Congreso; nueve (9) senadores designados y vitalicios; Comandantes militares inamovibles; la prohibición legal de la actividad del Partido Comunista; una parte dogmática que defendía como ninguna otra Carta Magna moderna, la propiedad privada, etc., todas ellos, denominados como “enclaves autoritarios”, que lograron sobrevivir a tres décadas de democracia.