CASO ARANGUREN O EL VALOR SIMBOLICO DEL GOBERNANTE

Hace muchos años en Argentina, se discute acerca de la probidad ética de su clase política; las denuncias de corrupción, sobre todo, contra los opositores de turno, son un clásico; se lo juzga y evalúa negativamente al propio Poder Judicial por su manipulación política e ineficacia a la hora de resolver las causas vinculadas.

El gobierno de Mauricio Macri, desde diciembre de 2015, ha instalado un discurso oficial, por el cual, se ha relacionado la corrupción crónica con el estado de subdesarrollo y atraso también estructural, por el que atraviesa Argentina, hace décadas. Son apenas dos ejemplos más notorios de esa embestida en la que se ha empeñado con ahínco, la transparencia con la que se ha encarado la consecución de obras públicas como repavimentación o construcción de rutas y autopistas, para evitar cartelizaciones, sobornos o caminos cobrados sin culminarlos y la lucha contra los precios oligopólicos de laboratorios medicinales en los contratos contra el seguro universal de los jubilados y pensionados (PAMI).

Para plasmar su cruzada, el ex empresario e hijo de empresario dueño de compañías que se enriquecieron en negocios, con el Estado, Macri afirma contar con un gabinete de funcionarios también honestos, que además, se han desempeñado como CEOs de empresas privadas y han sumado desinteresadamente su aporte profesional y técnico al gobierno en esta crucial coyuntura. En un país, donde los profesionales suelen priorizar sus ingresos en la actividad privada en desmedro de su colaboración activa con los asuntos públicos, a menos que tengan intereses particulares, en función de lo anterior y así, se liguen al Estado, es loable la presencia de ex empresarios y gerentes, incluyendo al propio Macri, quien, con su esfuerzo personal, terminó generando una fuerte polémica inicial -luego zanjada-, con su padre. Si miramos el tema del ángulo de los incentivos, en este caso, para caer preso de las tentaciones de los sobornos, no es malo que quienes ya son ricos, contribuyan en un gobierno para intentar cambiar la historia de decadencia argentina de las últimas 7 décadas.

Hay una segunda cuestión en torno a la ética de este gobierno: los llamados conflictos de intereses. Si Macri y sus funcionarios, tenían acciones de sus empresas, ésta era y es un problema clave a la hora de enfrentar dilemas y  confusiones en decisiones y recursos, entre su actividad privada y la función pública. Cuando estalló el escándalo del “Panama Papers“, en el que figuraba Macri, la promesa de éste en torno a colocar sus ahorros y acciones en un fideicomiso ciego, una situación que también vivió Sebastián Piñera en Chile, tranquilizó a sus críticos. Nunca quedó claro por qué no lo hizo e hicieron antes, en plena campaña electoral. El blanqueo o repatriación de dólares o euros ahorrados en cuentas offshore, en el exterior o el propio “colchón”, otra iniciativa del gobierno, agregó un nuevo punto de fricción, poniendo en tela de juicio por qué familiares de Ministros estuvieron incluidos en el mismo.

Finalmente y no menos importante, ante una pregunta incómoda de un periodista español al Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de por qué, siendo miembro de un gobierno que le pide a su pueblo, esfuerzos para pagar las irresponsabilidades del pasado, tiene depositados parte de sus ahorros en el exterior, se pudo conocer que en realidad, los funcionarios actuales tienen entre el 43 % y el 80 % de los mismos, fuera de Argentina. Si es en sí mismo, todo un mérito, bastante original, que ahora se sepa oficialmente, ese tipo de información sobre el bolsillo de sus gobernantes, tal vez no alcance, sobre todo, cuando los propios funcionarios, ni siquiera se toman el trabajo de hacer “malabarismos discursivos” para justificar por qué tienen ese dinero en el exterior: lo afirman sin que les tiemble siquiera el pulso. En efecto, el Ministro de Energía, Juan José “Vasco” Aranguren, ex CEO de la multinacional angloholandesa Shell, acaba de brindar un reportaje radial, donde lejos de ubicarse como funcionario corresponsable del actual momento y de las políticas que exigen a los argentinos, en materia de ahorro energético -legítimo dado el caos populista de la era K-, se pone como comentarista -bastante contradictorio con su rol de funcionario pero también con su propia eficacia, recordando la reputación confiscatoria argentina como pretexto para que, sólo cuando “se restaure” la confianza en la economía argentina, él volverá a traer sus ahorros.

Al instalarse la polémica, casi todo el eje de la misma, se corrió hacia el ángulo de la libertad de cada ciudadano de tener sus dinero donde lo desee, sobre todo, si no existieron los incentivos institucionales y jurídicos para depositar ese dinero en el sistema bancario argentino. El propio Presidente, quien no deja de estar “herido” por la filtración del asunto “Panama Papers“, sobre todo, por la inclusión de su apellido, agregó el aditamento del posible problema del conflicto de intereses, en caso de que Aranguren, Dujovne y demás, repatríen sus ahorros. Además, una vez más, exaltó la capacidad personal, profesional y honestidad de sus funcionarios. La visión de Macri es similar a la de esta alegoría: “estos señores ricos donaron su sangre al enfermo (la Argentina) y además, resignaron sus ingresos en el sector privado, para ponerse a trabajar codo a codo y con sueldos sustancialmente menores en el gobierno. Ahora parece, no alcanza, pero debieran dar sus vidas?”, se podría preguntar el Presidente.

En realidad, el problema central gira en torno a algo que se subestima en un país donde si se pide sacrificio, quien lo hace debe predicar con su propio ejemplo. La relevancia de la ejemplaridad, aún cuando roce el sacerdocio funcionarial, es inevitable, sobre todo, en términos de igualdad ante la ley, principio básico a la hora de exigir esfuerzo colectivo, pero sobre todo de credibilidad moral. Cualquier orificio o grieta entre el discurso y la praxis de un gobernante, cualquier disonancia cognoscitiva entre “su parecer” y “su hacer”, ante un público muy sensible a las trampas o mentiras de su clase gobernante, que ha legitimado sus propias faltas, generando una “Babel” nacional, termina por derribar la ya poca confianza de los argentinos en este elenco gobernante.

Es esto lo que no entienden los Aranguren, los Dujovne, los Caputo y muchos funcionarios políticos, incluyendo Rectores y Decanos de Universidades públicas, directores de hospitales estatales, diplomáticos y directores de tantos organismos estatales, que no sólo conservan bienes y ahorros extrasistema o en el extranjero, sino que adquieren autos 0 km el primer día en sus cargos; no hacen de la austeridad oficial, su religión; no hacen del decoro y bajo perfil, su responsabilidad; se preocupan -y ocupan- de diferenciar sus sillones, escritorios y oficinas; todo ello, para aumentar -y no reducir- la brecha de poder con los ciudadanos comunes. Incluyo a legisladores con choferes oficiales y pasajes aéreos para repartir discrecionalmente entre sus allegados y los jueces, con salarios astronómicos, vacaciones monstruosas y exentos del pago del Impuesto a las Ganancias. No entienden que sus ingresos son financiados por el pueblo que los elige de manera indirecta y que sus cargos no son contribuciones ni entregas generosas o abnegadas de su tiempo sino, básicamente, cargas públicas, el que ellos, lejos de regalar, deben ceder, para devolver de alguna forma, lo que el mismo Estado les entregó a lo largo de su vida con estudios universitarios subsidiados (Universidades y colegios privados) o gratuitos -financiados con impuestos de otros, que jamás pisaron ni pisarán esas instituciones-.

Todos tendríamos que ser conscientes como sociedad civil, de que el Estado se asienta en un contrato simbólico social, cuasi kantiano, en el que sus gobernantes son ciudadanos moralmente responsables y deben comportarse mientras estén en el poder, como servidores públicos austeros y sin interés alguno que servir a sus gobernados. De no hacerlo, reciben su castigo en términos de costos políticos. He aquí que en una Argentina hipócrita, habitualmente entrampada en “discusiones de zorros”, no se alcanza a ver la necesidad de penalizar a quienes tienen cuentas offshore o generan privilegios e inequidades de todo tipo desde el poder, cualquiera sea la raíz ideológica de todo gobierno, porque la propia sociedad es complaciente y hasta cómplice con ese tipo de actitudes de los poderosos: “Todos somos Aranguren”.

Todo ello explica por qué Aranguren habla tan impunemente como lo hace, sometiéndose sólo a las críticas de los kirchneristas, ahora en la oposición, pero que hacían lo mismo que él, mientras estaban en el poder. Lo hacen porque ninguno tiene un atributo moral fundamental que está detrás de toda esta polémica: la vergüenza. El desvergonzado no se da cuenta ni quiere asumir donde se halla el límite -poroso- entre lo bueno y lo malo, en términos públicos y tampoco recibe castigo alguno por no hacerlo: ni social, ni político ni judicial.

Un debate verdadero y sustancial sobre la credibilidad moral de los gobernantes, su ética pública para así irradiar con sus ejemplos, sobre un pueblo anómico, que necesita una guía clara al respecto, está aún pendiente en Argentina, como muchas otras cuestiones, que se derivan de aquella categoría central.